Publicación: 23/02/2011
Temática: Justicia
Desalojo a metros del Indoamericano
La justicia porteña libró una orden para que se proceda al allanamiento y liberación del espacio público de 166 casillas precarias sobre la calles Riestra y Portela en el barrio de Flores. Inconvenientes con fuerzas de seguridad para cumplir la orden alegando razones operativas, y la apelación a la medida por parte de la Defensa Pública, demorarían el desalojo.
Por Angie Carnevali
La titular del juzgado Nº 16 en lo Penal, Contravencional y de Faltas de la Ciudad, Amanda Alvaro, libró una orden para que se efectúe el desalojo de las aceras y calzadas de las calles Riestra, desde Lafuente hasta Portela y Portela desde avenida Castañares hasta Riestra, con el objeto de “liberar el espacio público de casillas precarias y construcciones que sean utilizadas como vivienda, el retiro de la totalidad de los efectos y elementos que las ocupen y la identificación y desalojo de las personas que allí residan, y la restitución de los espacios públicos a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”.
La orden judicial autorizando el “allanamiento y liberación” de la zona que linda con predios del Instituto Cultural Marianista, de la Asociación Atlética Argentinos Juniors, Clubes DAOM y de la Fuerza Aérea dio respuesta a una solicitud efectuada por el Ministerio Público Fiscal de la Ciudad ante la ocupación efectuada “a partir del 24 de noviembre de 2010, en horas de la noche, personas previamente organizadas”, que realizaron “un loteo de dicho espacio, rompiendo mediante perforaciones el pavimento, como así también paredes y alambrados”, para construir un asentamiento precario.
Según se expresa en el texto del la orden de desalojo a la que tuvo acceso NU, el Ministerio Público Fiscal destacó que “la precariedad de las estructuras levantadas, los materiales utilizados y la falta de servicios básicos como agua, gas y electricidad, generaban un riesgo de infección que ponía en riesgo tanto la vida de los vecinos del barrio como de los habitantes del asentamiento”. También se mencionan datos del relevo realizado por el Cuerpo de Investigaciones Judiciales, entre los que se resaltan que de “166 casillas, sólo 70 tenían signos de ocupación”
En la resolución, la magistrada dispuso que el desalojo debía efectuarse el lunes 21 de febrero, y ser llevada a cabo por “los efectivos de la Policía Metropolitana y/o Policía Federal y/o de Gendarmería, que los señores Fiscales determinen necesarios para garantizar el mismo, evitando que gente de los barrios linderos ocupen las casillas abandonadas durante su transcurso”.
“La orden debía cumplimentarse el lunes, pero alegando ‘razones operativas’ las fuerzas de seguridad no están prestando colaboración. A esto se sumó que el defensor oficial Javier de la Fuente, apeló la medida, por entender que no se cumplieron algunos procesos previos a la liberación de la orden, como realizar una audiencia que permita oír a todas las partes involucradas, y permitir la intervención del Asesor Tutelar”, comentaron a nuestro medio fuentes judiciales.
Y agregaron: “La apelación debería tener efectos suspensivos. Esperemos que la orden de desalojo se revea para que no ocurra otra situación como la vivida en el Parque Indoamericano. En la Ciudad se están enfrentando dos modelos, uno que ante una ocupación ordena la liberación por la fuerza pública, y otro que propone la intervención de organismos de seguridad social y el diálogo para dar solución a esta problemática”.
Más allá de que prospere o no la apelación, la jueza de primera instancia resalta en su resolución que el desalojo deberá ser realizado “en condiciones metereológicas normales”, que “la cantidad de personal de las fuerzas de seguridad que lleven a cabo el desalojo debe ser proporcional a la cantidad de ocupantes del predio, sin perjuicio de lo que sean necesarios para asegurar que el procedimiento se lleve a cabo pacíficamente, impidiendo el acceso de terceras personas a la zona”, que se deberá identificar “en forma previa a todos los funcionarios policiales que participen del operativo”, y que también se deberá “registrar en soporte fílmico el modo de ejecución del desalojo”. También ordena la intervención “bajo apercibimiento de incurrir en el delito de desobediencia”, del Programa Buenos Aries presente para que ofrezca atención social, la Guardia de Auxilio, el SAME, el Consejo de Niñas, Niños y Adolescentes, la Dirección de Minorías, y el Ente de Higiene Urbana.
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La titular del juzgado Nº 16 en lo Penal, Contravencional y de Faltas de la Ciudad, Amanda Alvaro, libró una orden para que se efectúe el desalojo de las aceras y calzadas de las calles Riestra, desde Lafuente hasta Portela y Portela desde avenida Castañares hasta Riestra, con el objeto de “liberar el espacio público de casillas precarias y construcciones que sean utilizadas como vivienda, el retiro de la totalidad de los efectos y elementos que las ocupen y la identificación y desalojo de las personas que allí residan, y la restitución de los espacios públicos a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”.La orden judicial autorizando el “allanamiento y liberación” de la zona que linda con predios del Instituto Cultural Marianista, de la Asociación Atlética Argentinos Juniors, Clubes DAOM y de la Fuerza Aérea dio respuesta a una solicitud efectuada por el Ministerio Público Fiscal de la Ciudad ante la ocupación efectuada “a partir del 24 de noviembre de 2010, en horas de la noche, personas previamente organizadas”, que realizaron “un loteo de dicho espacio, rompiendo mediante perforaciones el pavimento, como así también paredes y alambrados”, para construir un asentamiento precario.
Según se expresa en el texto del la orden de desalojo a la que tuvo acceso NU, el Ministerio Público Fiscal destacó que “la precariedad de las estructuras levantadas, los materiales utilizados y la falta de servicios básicos como agua, gas y electricidad, generaban un riesgo de infección que ponía en riesgo tanto la vida de los vecinos del barrio como de los habitantes del asentamiento”. También se mencionan datos del relevo realizado por el Cuerpo de Investigaciones Judiciales, entre los que se resaltan que de “166 casillas, sólo 70 tenían signos de ocupación”
En la resolución, la magistrada dispuso que el desalojo debía efectuarse el lunes 21 de febrero, y ser llevada a cabo por “los efectivos de la Policía Metropolitana y/o Policía Federal y/o de Gendarmería, que los señores Fiscales determinen necesarios para garantizar el mismo, evitando que gente de los barrios linderos ocupen las casillas abandonadas durante su transcurso”.
“La orden debía cumplimentarse el lunes, pero alegando ‘razones operativas’ las fuerzas de seguridad no están prestando colaboración. A esto se sumó que el defensor oficial Javier de la Fuente, apeló la medida, por entender que no se cumplieron algunos procesos previos a la liberación de la orden, como realizar una audiencia que permita oír a todas las partes involucradas, y permitir la intervención del Asesor Tutelar”, comentaron a nuestro medio fuentes judiciales.
Y agregaron: “La apelación debería tener efectos suspensivos. Esperemos que la orden de desalojo se revea para que no ocurra otra situación como la vivida en el Parque Indoamericano. En la Ciudad se están enfrentando dos modelos, uno que ante una ocupación ordena la liberación por la fuerza pública, y otro que propone la intervención de organismos de seguridad social y el diálogo para dar solución a esta problemática”.
Más allá de que prospere o no la apelación, la jueza de primera instancia resalta en su resolución que el desalojo deberá ser realizado “en condiciones metereológicas normales”, que “la cantidad de personal de las fuerzas de seguridad que lleven a cabo el desalojo debe ser proporcional a la cantidad de ocupantes del predio, sin perjuicio de lo que sean necesarios para asegurar que el procedimiento se lleve a cabo pacíficamente, impidiendo el acceso de terceras personas a la zona”, que se deberá identificar “en forma previa a todos los funcionarios policiales que participen del operativo”, y que también se deberá “registrar en soporte fílmico el modo de ejecución del desalojo”. También ordena la intervención “bajo apercibimiento de incurrir en el delito de desobediencia”, del Programa Buenos Aries presente para que ofrezca atención social, la Guardia de Auxilio, el SAME, el Consejo de Niñas, Niños y Adolescentes, la Dirección de Minorías, y el Ente de Higiene Urbana.
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